Otro año más, en CEAR nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) con una serie de actividades que buscan reflexionar, visibilizar y reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad, especialmente en el ámbito de la migración y el refugio. Desde espacios de expresión colectiva hasta la movilización en las calles, estas iniciativas nos han permitido compartir nuestras voces y exigir igualdad y justicia.

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Durante el conversatorio, las participantes ofrecieron distintas miradas complementarias para comprender cómo operan las violencias institucionales y qué desafíos plantean para garantizar los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas.
Tania Sordo, jurista especializada en derechos humanos de las mujeres, explicó el marco conceptual y jurídico de las violencias institucionales machistas. Señaló que se producen cuando las instituciones del Estado, a través de sus prácticas, decisiones o falta de diligencia, terminan reproduciendo o agravando la violencia contra las mujeres. También subrayó la importancia de incorporar una mirada interseccional que tenga en cuenta cómo el machismo se entrecruza con otras formas de discriminación, como el racismo o la situación administrativa.
«Muchas mujeres acuden a las instituciones buscando protección y se encuentran con que el propio Estado reproduce o produce esa violencia en contra de ellas«
Por su parte, Priscila Cabrera Ventura, de Fundación ASPACIA, compartió los principales hallazgos de diversas investigaciones sobre violencia sexual contra mujeres migradas en España. Entre los obstáculos identificados destacó las barreras legales y administrativas, la falta de credibilidad hacia los testimonios de las mujeres migrantes y la presencia de estereotipos racistas y de género que dificultan su acceso a la justicia y a los servicios de protección. También recordó que “sentirse escuchadas y creídas es muchas veces el primer paso para la reparación”.
“Si ya a muchas mujeres no se les cree cuando denuncian violencia sexual, cuando se trata de mujeres migrantes esa desconfianza se multiplica”
Finalmente, Liliana Aragón Castro, integrante del Observatorio de Violencia Institucional hacia las Mujeres (OVIM) y miembro de Hèlia, expuso cómo el acompañamiento a mujeres supervivientes y el trabajo del observatorio permiten identificar patrones de violencia institucional en distintos ámbitos, especialmente en el sistema judicial. A través de la documentación de casos y la denuncia colectiva, el OVIM busca visibilizar estas vulneraciones y promover cambios estructurales en las instituciones.
“No se trata de casos aislados, sino de patrones que se repiten en diferentes territorios e instituciones”
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de nombrar y reconocer las violencias institucionales, reforzar la formación de profesionales y avanzar hacia instituciones que garanticen una protección real, con enfoque feminista e interseccional.



















